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Un desarrollo sin precedentes en Resistencia

50 millones de inversión privada bajo amenaza

El  impulso de los proyectos de inversión privada en desarrollos inmobiliarios en Resistencia, no tienen precedentes en el Chaco. La onda de inversiones iniciada desde poco antes de la evaluación y potenciada luego de la crisis del sistema financiero y la salida de la convertibilidad suma ya el desembolso de unos 50 millones de peses contando los edificios ya inaugurados y los que están en construcción en la actualidad.
La ola de inversiones es producto de una coyuntura favorable explicada principalmente por la existencia de inversores locales con disponibilidades en dólares y en la oportunidad que presenta una importante demanda y la posibilidad de espacios para nuevos edificios en zonas residenciales céntricas o dentro de la limitada área con todos los servicios, de apenas el 28,5 de la trama urbana de la capital chaqueña.
El fabuloso despliegue de inversiones supera por primera vez y por lejos los presupuestos oficiales de inversión pública y puntualmente el del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, hasta ahora el constructor casi exclusivo de unidades habitacionales en la provincia.
En tanto, sólo entre los proyectos que se reconocen en la elaboración bajo diferentes modalidades de inversión, hay en carpeta edificios por otros 20 millones de pesos, según constató ayer un relevamiento entre todos los estudios de arquitectura locales con iniciativas en marcha o en carpeta.
Los proyectos tienen el doble impacto del efecto multiplicador de las inversiones económicas y de la oferta de metros cuadrados cubiertos que hacen a la demanda habitacional de la capital chaqueña.
Además, unos mil puestos de trabajo formales se habilitaron en la capital chaqueña desde que se inició la ola de inversiones, en un inédito movimiento de personal en el sector, que llevó a los dirigentes de la Uocra a acompañar sin miramientos la defensa del sector que protagonizaron la semana profesionales y empresarios.



Jaque a la justicia
  
Pero nada es perfecto y el buen ámbito de negocios montado, apareció cuestionado en los últimos meses por la sucesión de una serie de acciones de particulares, contra la construcción de algunos edificios en plena ejecución que debieron ser paralizados.
Aunque todas las situaciones se resolvieron y hoy no hay ninguna obra paralizada por la justicia, fue suficiente para encender la luz de alarma entre los proyectos en marcha y para consolidar un perjuicio contingente pero seguro contra la Municipalidad de Resistencia.
Las opiniones se dividen entre quienes acusan los efectos del "deporte provincial del amparo", señalando a jueces muy prociviles a dar curso a reclamos individuales sin tener en cuenta los intereses colectivos que confluyen en un desarrollo de este tipo. 
Pero también se apunta la responsabilidad de una reglamentación ambigua, que permite variadas interpretaciones y habilita amparos por la defensa de derechos difusos de particulares.
El problema de fondo parece orientado a la falta de definición reglamentaria de la obligación consagrada en la Carta Orgánica de Resistencia, de dotar a toda obra de importancia de un estudio de impacto ambiental previo a su construcción.
Aunque todas las previsiones realizadas por el Código de Planeamiento Urbano y el reglamento de construcciones están establecidas en general para cuidar el ambiente y reducir el impacto negativo de las obras, la obligación así enunciada sin más precisiones se constituyó como un posible obstáculo para la salud de las obras, susceptibles de ser paradas por cualquiera que reclame el estudio que ordena la constitución local del municipio.
La obvia tarea pendiente desde el Estado, es proveer esa reglamentación y llegado el caso, acceder a la discusión
para una reforma integral del Código de Planeamiento, en sus cuestionadas aristas reglamentarias que condicionan la rentabilidad de las inversiones en la materia.
El uso de las medianeras, las distancias entre los retiros y hasta la cantidad de cocheras establecidas por metros cuadrados cubiertos, son elementos que el sector viene cuestionando desde hace años y que condicionan de hecho la altura y diseño de todos los edificios en marcha pero que en verdad no impidieron la explosión de los desarrollos una vez que aparecieron los inversores.
Claro que "la decisión política" que se requiere al Estado desde el sector, no pasa solo por la inversión del código, sino también de la actitud dilatoria y obstruccionista que se adjudica muchas veces a la estructura administrativa y burocrática a cargo de la aprobación y contralor de los proyectos en marcha, cuya exagerada lentitud terminó frustrando varios proyectos condenados de antemano a no salir jamás de las carpetas.


Quiénes son
  
Un relevamiento de los proyectos en ejecución y en marcha, obliga a recorrer los estudios que se transformaron en protagonistas de la ejecución de las construcciones que conmocionan la actividad local. Con la modalidad de consorcios de construcción al costo, inversiones directas de propietarios de terrenos o de inversores particulares o la constitución de fideicomisos financieros, se reparten las modalidades de financiamiento que encuentran los desarrollos.
El estudio del ingeniero Ricardo Siri y la arquitecta Teresa Protal tiene en marcha dos proyectos de edificios en Avalos y Entre Ríos y la calle Don Bosco que redondean una inversión de 5 millones de pesos. Aunque con manejos independientes, los hermanos Barrios D'Ambra, redondean el manejo de proyectos por unos 5,2 millones de pesos, sumando los casi mil metros cuadrados del edificio de la calle Entre Ríos y otros 4000 metros cuadrados cubiertos para el de Salta y Dónovan.
Otros hermanos, José Luis y Waldo Cramazzi terminaron ya su primer edificio en Resistencia, el Sáenz Peña I con una inversión de 1,2 millón de pesos, al tiempo que tienen en ejecución otros dos sobre la calle San Lorenzo y en la esquina de Paraguay y Las Heras, que suman otros 6,5 millones de inversión.
El estudio Andrade - Cundom es sin duda la estrella más brillante en el cielo de las nuevas inversiones. En sólo un año concretó tres edificios por unos 4 millones de pesos y tienen en ejecución otros cinco proyectos que suman la friolera de 19,5 millones de pesos de inversión directa.
La ponderación de las inversiones realizadas no puede eludir el edificio Coning III, que demandó a la empresa conducida por el contador Juan Carlos Egeá, una inversión total de 10 millones de pesos, hecha de paso a toda máquina durante el peor momento de la crisis post devaluación.
El estudio del arquitecto Gustavo Féu es otro de los que tienen obras en marcha y también proyectos como las torres de Juan B. Justo al 300 y la que se levantará en avenida Rivadavia que redondean una inversión de cuatro millones de pesos.
Pero también son importantes los proyectos que aún no salieron a la luz.
Las arquitectas Pamela Ladman y Graciela Díaz esperan un mejor clima para las inversiones les permita retomar el proyecto paralizado en la Municipalidad desde la gestión anterior con una inversión de unos tres millones de pesos.
El estudio de los arquitectos Nicolini y Gronda reconoce proyectos "en pañales" para dos edificios con una inversión estimada en los 5 millones de pesos, en tanto el arquitecto René Deberragi acuna proyectos para otras dos torres de 8 pisos con una inversión total estimada en unos 6 millones de pesos.
Otro estudio de importancia, que prefirió solicitar reserva de identidad, reconoció en su arquitecto titular, manejar proyectos de inversión seguros para otros dos edificios, también a un costo promedio de 2,5 millones cada uno.


Función social de la inversión privada
  
Uno de los aspectos más interesantes de la discusión que plantea el reclamo de seguridad jurídica de la inversión privada, refiere a la importancia de la "función social de la inversión privada" en el desarrollo de la ciudad, en la distribución del ingreso y hasta en la horizontalización del acceso a mejores condiciones de vida en la zona servida de la ciudad, que además de agua, cloacas, electricidad y pavimento, no tiene los problemas y costos extras de una capital con transporte público ineficiente.
De hecho, la inversión privada está solviendo un problema de crecimiento al que el Estado no pudo dar respuesta al permitir la construcción de barrios sin servicios.
La paradoja es que el Estado no define claramente un marco favorable para es desarrollo y solo la obra pública no encuentra ningún tipo de obstáculos formales, administrativos ni legales. Barrio Fonavi son accesos pavimentados, y barrios AIPO sin servicios sanitarios adecuados, parecen sentar "el modelo oficial" pretendido para la capital chaqueña.
Una definición el desarrollo de inversiones en proyectos inmobiliarios en Resistencia, debería ser nada menos que el del modelo de la ciudad en la que se pretende vivir. Una ciudad en la que más gente podrá vivir en el centro y no una en la que se los condene a chapalear en el barro lejos del trabajo y de los centros de consumo, mientras una selecta minoría goza de una vida muy de country, pero en el centro de la ciudad

20 de julio de 2004
Publicado en Diario Norte de Resistencia, Pcia. de Chaco

 

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