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Comienzan a regir los pagos con cheques cancelatorios

Por sus características, los cheques cancelatorios tendrán mayor incidencia en la compra de inmuebles.

Los pagos en efectivo por sumas superiores a 10.000 pesos o dólares que se realicen a partir del 9/01/2001 no tendrían validez dada la aplicación efectiva de la denominada ley antievasión. La norma sostiene en su primer artículo que "no surtirán efectos ni entre partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a pesos diez mil ($ 10.000), o su equivalente en moneda extranjera", que no sean formalizados con depósitos en cuentas, giros o transferencias bancarios, cheques comunes, de pago diferido o cancelatorios, o tarjetas de crédito.
La norma podría ser revisada en los próximos días por el Gobierno, según un debate que se está dando en este momento, debido a los perjuicios que amenaza con ocasionar a la actividad económica. En tanto, obliga a quienes realicen pagos por encima de esa suma y no estén bancarizados ni recurran al mecanismo de un giro a adquirir en bancos cheques cancelatorios (que ya están emitidos por 5 mil, 10 mil o 50 mil pesos) para concretar la operación a un costo que partirá de los 50 pesos o se ubicará entre el 0,15 y el 0,25% del monto final de la transacción por realizarse, en el caso de que la comisión resultante de la operación fuese superior a ese piso.

 

pareja mirando cartelera


Este costo surgió luego de que el Poder Ejecutivo vetó de la norma el párrafo que exigía que las entidades bancarias no cobraran por este servicio, en principio ideado por el ex jefe de Gabinete Rodolfo Terragno, para combatir la evasión y el blanqueo de dinero, pero cuyo precio de aplicación, insólitamente, recae desde entonces sobre los usuarios.

Sin embargo, dado el desconocimiento existente entre la gente al respecto y las dificultades que se comprobaron para aplicar la norma tal cual resultó diseñada, el Gobierno comenzó a estudiar el viernes la posibilidad de elaborar un decreto que sirva para volver a reglamentar la norma y hacerla viable.

"De la manera en que está el sistema es inservible y, lejos de generar beneficios para el fisco, puede causar perjuicios", admitió una fuente del Ejecutivo.

La posibilidad de revisión del polémico instrumento surgió luego de que desde el Ministerio de Economía alertaron sobre las dificultades que este sistema implicará para la concreción de algunas transacciones comerciales, que podrían verse paralizadas por este motivo. Esa situación preocupó al Gobierno, que ahora teme que algunos índices de actividad se vean afectados por esta razón, postergando los tiempos de una reactivación de la economía y tendiendo a reinstalar un clima de pesimismo que pareció disiparse en las últimas semanas, desde la conjunción de blindaje financiero y baja en las tasas.

Por lo pronto, la norma ya encontró muchos escollos. Por ejemplo, la reglamentación elaborada por el Banco Central (BCRA) que dispuso que las entidades financieras no estarán obligadas a extender el cheque cancelatorio a cualquiera que lo solicite y pueda pagarlo.

Ahora se sabe que son pocos los bancos dispuestos a ofrecerlo. "Hicimos varios llamamientos, pero la verdad es que no tienen mucho interés", admitió una alta fuente del BCRA.

Según lo que pudo establecer La Nación, en principio sólo los tres mayores bancos oficiales (Nación, Provincia y Ciudad) y cinco privados (Galicia, Credicoop, Río, Francés y BankBoston) se comprometieron a operar con el nuevo instrumento.

Se trata apenas del 20 por ciento de los que estarían en condiciones de hacerlo, toda vez que, conforme con la circular A3202 del BCRA, sólo las entidades mejor calificadas están habilitadas operarlo, es decir, a venderlos, comprarlos o permitir su endoso y certificación.

Otro de los problemas tiene un origen práctico que podría derivar en la frustración de algunas transacciones. Ocurre que quienes tengan que cobrar un cheque cancelatorio deberán esperar 72 horas para juntarse con el dinero, dado que ése es el tiempo que los bancos demorarán en analizar la procedencia y la legalidad de los fondos del emisor del documento.

En las entidades financieras justifican esta demora, amparada por la circular del BCRA. "Si alguien que no es cliente de la casa viene de la calle con $ 200 mil en un maletín y nos pide que le vendamos cuatro cheques de $ 50 mil, lo más probable es que no lo hagamos. De lo contrario, por la ley de lavado de dinero, corremos el riesgo de quedar ante la ley como cómplices de una operación ilegal, sostuvo a este cronista un conocido operador bancario.

Los demás problemas tienen una raíz legal. Están relacionados con la supuesta abolición del carácter cancelario de la moneda argentina en operaciones que superen los 10.000 pesos.

Además, algunos juristas advierten también que la norma que se pondrá en vigor es inconstitucional porque crea un impuesto a los pagos superiores a 10.000 pesos.

"Hasta ahora ya teníamos una moneda convertible. Ahora ni siquiera servirá para cerrar transacciones por determinados montos. Es una locura", protestan escribanos, operadores, banqueros y legos al unísono, aunque hasta ahora sin respuesta por parte de las autoridades.

"La moneda es la forma natural de cancelar las obligaciones y así está reconocido en la Constitución, pero con esta ley esa capacidad de pago se pierde", se queja Agustín Braschi, presidente del Colegio de Escribanos porteño. Y hasta en el Banco Central admiten que la medida podrá generar una aluvión de juicios.

De hecho, todo parece un malentendido. Los escribanos reconocen haber sido quienes propusieron la creación de los cheques cancelatorios.

"Pero jamás los imaginamos como un instrumento obligatorio, sino como una opción para quien no quisiera arriesgarse al traslado de determinados montos. Además, en el caso de inmuebles o autos, estamos hablando de transacciones registrables, así que no se entiende cuál sería el avance en la lucha contra la evasión", indica Braschi.

El último problema -y tal vez más importante- tiene que ver con la inutilidad de la medida. Sucede que la ley habla de pagos y no de precios.

"Esto quiere decir que si yo tengo que pagar $ 24.000 y arreglo hacerlo en tres cuotas sucesivas de 8000 para no tener que pasar por todo este tramiterío no estaré violando la ley, porque en ningún caso los pagos superarán los 10.000 que marca la norma. Los que hacen operaciones en negro las seguirán haciendo y los que las hacen en blanco tendrán que soportar un mayor costo y perder más tiempo", señaló Braschi.

Todo esto hace prever que la medida anunciada como uno de los pilares para combatir la evasión parece caminar rumbo al fracaso, tal como ya ocurrió con la promocionada factura de crédito.

Por sus características, esta nueva forma de pago tendrá mayor incidencia en las compras de inmuebles y automóviles. Quienes opten por no utilizar un cheque cancelatorio, también se podrán manejar con el clearing electrónico -una transferencia de dinero en tiempo real-, aunque para esto será necesario que tanto el banco que envía el dinero como el que lo recibe cuenten con este sistema, y no todos lo tienen.

El cuadro se completa con una observación curiosa. Un mecanismo con estas características no registra antecedentes en ningún país del mundo occidental. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay obligación de denunciar toda operación superior a los 10 mil dólares, pero de ninguna manera se obliga a la utilización de un determinado medio de pago para concretarlas.


Por Javier Blanco
De la Redacción de La Nación


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