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Las operaciones inmobiliarias podrán hacerse en efectivo

  • Los cambios se conocerán esta semana

  • Deberá figurar el CUIT o el CUIL de las partes intervinientes

  • Así, se concluye con una protesta que habían iniciado los escribanos


  • Finalmente, la compraventa de inmuebles podrá seguir haciéndose en efectivo. Según un borrador de la reglamentación aclaratoria de la ley antievasión que se conocerá en estos días, sería optativo para las partes el uso de cualquiera de los medios contemplados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la ley antievasión.
    Esto implica que si no se quiere realizar la operación con dinero en efectivo se puede concretar a través de depósitos en cuentas, giros o transferencias bancarias, cheques comunes, de pago diferido o cancelatorios o tarjetas de crédito. De esta manera se reincorpora la vía del pago en efectivo para las operaciones inmobiliarias superiores a los 10.000 pesos.

    La resolución, que saldrá por vía de un decreto reglamentario, considera entonces que es innecesaria la utilización del cheque cancelatorio u otros mecanismos bancarios para las operaciones de inmuebles superiores a aquella cifra, ya que en esos casos siempre hay un escribano interviniente que certifica la operación e informa a los fines impositivos.

    Con esta modificación se daría por terminado el debate que comenzó semanas atrás ante la puesta en marcha de la ley antievasión, que dispone la obligación del uso del cheque cancelatorio o de otros instrumentos bancarios para concretar operaciones de compra y venta que superen los 10.000 pesos, aunque lo que disparó el malestar fue el punto relacionado con las operaciones de inmuebles.

    "El desastre ya se produjo. El trascendido que tenemos hasta ahora es que se considerará como forma posible de pago el dinero en efectivo, pero hasta que no esté publicado en el Boletín Oficial...", dijo a La Nación Agustín Braschi, presidente del Colegio de Escribanos, una de las entidades que más protestó por la implementación de esta medida.

    "Esto es sólo una punta de lo que estábamos pidiendo. Esto soluciona el problema notarial, en donde hay una escritura pública, pero no le soluciona el problema a la gente porque indefectiblemente deberá utilizar esos instrumentos bancarios para cualquier otro tipo de operación", se quejó Braschi.

    De hecho, la incertidumbre que generó esta nueva ley fue tan fuerte que desde el lunes, cuando entró en vigencia, están prácticamente paralizadas las escrituras.

    Ayer, el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Virgilio Loiácono, dijo a La Nación que la reglamentación había pasado al Ministerio de Justicia y que en la lista de prioridades del Gobierno, este tema se ubicaba en el puesto número diez.

    "No habrá cambios. Esta tarde se terminaría de elaborar el proyecto de reglamentación, que no puede en absoluto cambiar ni modificar la ley sino que especificará alguna situación determinada dentro del contexto legislativo", dijo el secretario.

    De esta manera, Loiácono pretendió bajarle el tono a la discusión que se instaló en los últimos días en torno de las operaciones inmobiliarias, mientras en la Casa Rosada se quejaban del "lobby" que habían generado los escribanos para volver atrás la utilización del cheque cancelatorio.


    Cruzamiento de datos

    La reglamentación dispondrá además que el "escribano deberá consignar, bajo pena de nulidad, los siguientes requisitos: número de CUIT, CUIL o CDI de las personas físicas o jurídicas y tendrá la obligación de informar a la AFIP la operación". Es decir que si no figuran estos datos la operación no tendrá ningún valor.

    El CDI es el número de identificación impositiva que tiene una persona cuando no cuenta con CUILo CUIT. Con esto, lo que se pretende es, una vez que el soporte técnico esté plenamente montado, convertir al individuo en un ser identificable a los efectos impositivos.


    Laura Luz Ojeda
    De la Redacción de La Nación

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