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NORMA POLEMICA
Los inversores, preocupados

Varias entidades del sector inmobiliario criticaron el decreto que suspende los permisos de construcción en seis barrios porteños
 

Se teme que disminuya el auge de la construcción


El tema de la suspensión de los permisos para construir torres en seis barrios de la Capital sigue motivando la condena de integrantes de los sectores que están ligados con la actividad inmobiliaria y de la construcción.
Más allá de las declaraciones tranquilizadoras del jefe del gobierno porteño en el sentido de que no se detendrán las construcciones, y de los trascendidos sobre las tareas de relevamiento de los servicios que debería realizar cada una de las empresas involucradas, las instituciones del sector dieron a conocer distintas declaraciones, aunque todas coincidentes sobre el impacto negativo del decreto N° 1929/06, que suspende el otorgamiento de permisos para edificios en torre en Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo, Villa Pueyrredón y Caballito.
La Cámara de Propietarios de la República Argentina (Capra) y el Centro Argentino de Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal (Cadiph) dicen que el decreto 1926/06 abre la posibilidad de planteos judiciales, "dado que genera un perjuicio económico a los propietarios de terrenos que se encuentran en venta, ya que disminuye notablemente su valor de mercado. Y en los supuestos de que se hubiere convenido un precio por boleto, estando pendiente la escrituración, el comprador sería el perjudicado al tener que cumplir con una operación por un precio superior al de plaza".
Alertan, además, por el aumento del metro cuadrado de construcción por la mayor incidencia de la tierra en las edificaciones futuras y la revalorización del metro cuadrado existente por influencia del aumento del costo a futuro.
La Cámara Inmobiliaria Argentina destaca por medio de su presidente, Hugo Mennella, "que el decreto es inoportuno, ya que el mercado inmobiliario es sumamente sensible a este tipo de medidas; se crea temor en los inversores, y pone en serio riesgo la seguridad jurídica. Si no salimos a tiempo, generará un estallido en el mercado y puede traer aparejado en el futuro una sensación de incertidumbre para los empresarios que quieran invertir".
Por su parte, el capítulo argentino de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci), tras destacar el impacto de la actividad de la construcción en el PBI de los principales países del mundo, agrega que para "la continuidad de las inversiones es necesario mantener la seguridad jurídica, en este caso respetando los derechos adquiridos por los actuales propietarios o compradores de terrenos y de futuras unidades de vivienda, y contratos de obra y servicios vinculados".
El decreto, dice, "ha creado un falso conflicto entre vecinos y profesionales y obreros de la construcción, que no debe persistir si se aplica un mínimo de racionalidad".
Destaca, además, que "los problemas de fallas de infraestructura son responsabilidad del Estado, en la jurisdicción que en cada caso corresponda, y vecinos, inversores y constructores deben juntos reclamar por eso al Estado. De no ser oídos, deberá la Justicia realizar las intimaciones pertinentes, como lo hizo la Corte Suprema en el caso de contaminación del Riachuelo".
También el presidente de la Comisión de Legislación General y del Trabajo de la Legislatura porteña, diputado Jorge Enríquez, rechazó la decisión de suspender por 90 días el otorgamiento de nuevos permisos.
"Los códigos de Edificación y Planeamiento Urbano son leyes de la ciudad, y si un empresario compró un terreno y pretende construir un edificio cumpliendo las normas, no hay reclamo vecinal que pueda impedírselo." Agrega que "nadie ha tomado conciencia de lo que significa en términos económicos generar inseguridad en el mercado inmobiliario".

25 de noviembre de 2006
Publicado en La Nación

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